La investigación y el desarrollo han demostrado ser un factor esencial en el crecimiento sostenible de los países. Tanto en los países centrales como en los países en vías de desarrollo, la inversión en conocimiento ha permitido saltar bayas en la construcción de un espacio social más justo.
En las últimas semanas, la campaña electoral para las elecciones generales de España ha puesto sobre relieve la escasa importancia que el sector científico tiene para las formaciones políticas. Sin más, el desarrollo del conocimiento ha sido incorporado al pasar el los programas pero sin ninguna mención explícita durante las campañas de las cuatro formaciones políticas de mayor peso.
La investigación es el motor del país, tanto en el sector público como en el privado. Es una herramienta que permite generar conocimiento y, por lo tanto, valor agregado. En el sector público, esto supone mayor capacidad de generar condiciones de igualdad para las personas. Hablamos de los horizontes que plantea la Agenda 2030 de la ONU, que España ha acordado y que hacen referencia explícita a la salud, educación y al medio ambiente entre otros temas.
La I+D también es un factor de impulso del sector privado. Su promoción ha permitido crear empresas competitivas con capacidad de generar aportes significativos para la sociedad en su conjunto, desde la creación de puestos de trabajo hasta el desarrollo de tratamientos para enfermedades.
A pocos días de las elecciones, vale poner sobre la mesa que la planificación estratégica debe estar enmarcada en un proyecto de estado que se inserte en una Europa integrada y en un mundo globalizado. Una planificación de I+D que piense las políticas públicas desde una óptica de sostenibilidad para la mejora.